Cuando una Práctica Extorsiva se convierte en Censura

Seguiré escribiendo del concurso en que el jurado soberano le adjudicó a Angela Ramírez la realización de una obra para el Centro de Justicia. Lo que no se sabe es cómo la censura del Ministro Bates tuvo un antecedente en el momento de la constitución del propio jurado. Como yo formé parte de éste, lo puedo relatar.

En el comienzo de la reunión de constitución, la representante de Justicia planteó la necesidad de cancelar dicho concurso, arguyendo que la Dirección de Arquitectura del MOP no había informado de modo suficiente a su repartición sobre las bases de éste. Se inició una discusión donde Arquitectura rechazó las imputaciones de Justicia y se resolvió seguir adelante con el procedimiento de jura. La representante de Justicia insistió en forma destemplada en recusar la decisión del jurado de proseguir su trabajo. A su juicio, las obras que los artistas habían propuesto no representaban el espíritu de la reforma procesal penal. ¡Pero si todavía el jurado no iniciaba sus trabajos!

Para mi sorpresa, el artista invitado a formar parte del jurado, un escultor, también insistió en que éste se desistiera de iniciar sus trabajos, porque el concurso por invitación no contemplaba la participación de otros escultores que, daba entender por el tono de su argumento, podían ser más significativos que los proyectos de los artistas invitados. A lo que apuntaba este artista era a poner en duda la probidad de la comisión al decidirse por un concurso por invitación.

Arquitectura tuvo que demostrar que era correcto realizar un concurso por invitación, a partir de la experiencia negativa que ya se tenía sobre concursos abiertos en donde ya habían participado escultores de aquellos que éste artista mencionaba. O mejor dicho, donde no participaban. De modo que apelar a la apertura de la convocatoria no era más que una jugada demagógica destinada a boycotear la jura.

En un momento, pensé que el artista y la funcionaria de Justicia estaban concertados. Ambos insistían, con diversos argumentos, que se debía llamar a otro concurso. Recuerdo que el inspector fiscal de la obra tomó la palabra y fue muy duro para responder los argumentos de la funcionaria de Justicia, coincidiendo con los descargos de Arquitectura.

Mi participación consistió en separar las aguas: una cosa era el conflicto intra-gubernamental entre Justicia y Arquitectura, en el que por lo visto, la Comisión no tenía por qué pagar el costo. En seguida solicité el inicio de los trabajos del jurado, en razón de que la posición de los objetores no solo era minoritaria, sino que no le cabía a un jurado nombrado por la Comisión autodeclararse incompetente.

Ante la inminencia del inicio de la jura, la funcionaria de Justicia realizó un movimiento magistral: con aire sarcástico señaló que el jurado podía hacer lo que quisiera; Justicia iba a rechazar por todos los medios esa decisión. Daba lo mismo lo que resolviéramos. Esa obra no se iba a realizar. Si esto no es extorsión, no sabría como llamarlo. Solo la decencia y gran sentido de tolerancia de los miembros restantes del jurado permitió que el procedimiento de jura prosiguiera. Todos hicimos los oídos sordos. No escuchamos lo que dijo.

Una vez que conocimos las propuestas se inició una discusión de carácter formal que nos condujo a seleccionar por mayoría, la obra de Angela Ramírez.

La propuesta consistía en una obra especialmente pensada para ser instalada en el plano de agua, en la explanada de acceso al Centro de Justicia. Esta se materializaba en una reproducción en resina translúcida, sobre relieve en tamaño natural, de la fachada del edificio histórico de los Tribunales de Justicia, donde se encuentra la sede de la Corte Suprema, sumergida a pocos centímetros de la superficie del agua.

La funcionaria de Justicia continuó con sus sarcasmos, sosteniendo que en esa propuesta solo estaba representado solo uno de los integrantes de la nueva reforma (sic). Le contra argumentamos que el hecho que estuviese la imagen sumergida de un edificación histórica, frente a la contemporaneidad de la arquitectura del actual Centro de Justicia, establecía un diálogo entre ambas fachadas. La actual Justicia, transparente, dejaba ver la infraestructura interna que la sostenía; la Justicia anterior, representada por la imagen translúcida de su memoria histórica, sumergida, pero siempre presente, era una fachada que condensaba su propio pasado.

De este modo, cuando un ciudadano enfrentara su facialidad al plano de agua, vería su rostro reflejado en ella, teniendo como soporte el fondo retenido de toda esa historia ya edificada. La funcionaria creyó que le estábamos tomando el pelo. Entonces me esforcé en mi cometido didáctico y le hice el relato del video de Juan Downey, en que entrevista al historiador Leo Steinberg acerca de la polisemia de la obra de arte. Le insistí en la hipótesis de que el Ministro no podía ser el juez en la interpretación de las obras.

Incluso llegué a excederme, inventando una contra prueba en su propio favor, en relación a la interpretabilidad de las obras. Le sostuve que se podía pensar que la imagen sumergida de la fachada de los Tribunales, apuntaba a remitirnos la certeza del naufragio de la propia Justicia chilena en la conciencia pública. En ese punto, la funcionaria ya no quería más, al punto que volvió a mencionar la amenaza inicial. Entonces, no me quedó otra que referirme a los salones de pintura de los gremios. Por ejemplo, le mencioné a los médicos, que les encanta hacer salones de pintura. También hay abogados a los que les encanta tomar los pinceles. Pero que eso no los habilitaba para ser expertos en arte contemporáneo.

La funcionaria de Justicia abandonó triunfante la sala. Ella sabía muy bien por qué. Tenía la certeza de haber hecho muy bien su trabajo: instalar la amenaza. Al Ministro Bates le correspondería firmar lo que su funcionaria había anunciado, aún antes de haber comenzado la jura del concurso.

Este es un caso ejemplar de cómo la extorsión doméstica de una funcionaria anticipa la censura política ejercida por un Ministro de Estado.