Fondart: la petición de impacto social como censura encubierta

Los resultados del Fondart no son de sorprender. Me alegro por los artistas visuales cuyos proyectos han sido retenidos. Sin embargo, por informaciones de que dispongo acerca de las discusiones internas de algunas comisiones de evaluación, como de los jurados, queda por agregar unas palabras. El nepotismo ha llegado a límites increíbles. No es de extrañar. Para quienes trabajamos en la autonomía y no dependemos más que de los esfuerzos propios en la producción e inscripción de obra, algunas decisiones del Fondart en torno a apellidos que el favoritismo ha convertido en emblemáticos, no refleja más que una gran desesperación acerca de las capacidades de sustentabilidad de las obras. Ingresadas ya en el terreno de las crisis terminales, solo les queda el Fondart para seguir existiendo.

He sostenido que una de las lacras del arte chileno ha sido su reconversión a la formularización. Ahora, es preciso incluir un aspecto nuevo: el rol punitivo. Han sido castigadas aquellas obras cuya carencia de impacto social no corresponde al monto señalado en el proyecto. Es demasiada la plata que piden en relación a la ausencia de impacto requerido. Es lo que comentan ufanos algunos evaluadores, que se han convertido en redactores de comunicaciones de rechazo.

La oferta de redacción instala el goce del evaluador: ofrecer sus servicios a la industria de la respuesta administrativa. El Fondart, en este terreno, ha abierto un nuevo género literario: las comunicaciones de rechazo. Es posible descubrir hasta las “muletillas” textuales de los redactores de oficios.

He leído unas cuantas. Sorprende la mención a la falta de impacto. Esta palabra aparece, no ya tan solo como censura encubierta, ya que obliga a los proyectos a montar “ficciones de impacto”, sino que se instala como recurso retórico para producir homogeneidad de respuesta ante la cantidad de obligaciones epistolares por cumplir. Lo que habla, más que nada, de los protocolos ceremoniales de los servicios encargados en administrar la bronca del rechazo.

Ha habido casos en que las respuestas han pasado a ser ofensivas. Es decir, los rechazados se merecen mejores construcciones de justificación del rechazo. Este es el derecho que los servicios del Fondart deben asegurar: calidad de respuesta. Es ahí que se puede jugar la editorialidad de un concurso. Pero lo que se pone en juego es la pulsión punitiva de una respuesta obligada, destinada a cumplir con el mandato de un decreto que dice que hay que responder a cada uno de los autores de proyectos. No importa tanto la calidad, sino cumplir con la repetición de un gesto de servicio, por no decir, servicial. Tanta diligencia no estaba contemplada en el trabajo de los evaluadores y de los jurados.

¿Impacto social? Podría leerse como excusa que apunta a determinar el destino del propio Fondart. Este ha sido un fantasma que lo amenaza desde su creación y ha sido sostenido por los mismos funcionarios que hoy, desde diversas plataformas de reciclaje en el aparato de gobierno, pueden poner en ejecución su deseo: re-ubicar los proyectos de artes visuales en el FOSIS. Esto podría tomar el nombre de Discriminación Positiva mediante Censura Encubierta.