Sobre los Protocolos de Enseñanza

El incidente en que se ha visto involucrado el decano Jaime Donoso pone en escena el viejo problema de los límites del discurso artístico. Esta es una parte de la frase que tomo prestada del texto que publicó Carlos Peña en “Artes y Letras” del 20 de enero. Los límites aludidos tienen que ver con las distinciones entre prácticas de arte y prácticas de docencia de las artes. En este sentido, el análisis certero de Carlos Peña no enfatiza en los procedimientos mediante los cuales opera la distinción. Sin embargo, remite a una cuestión fundamental que no deja de ser ejemplar, viniendo de una autoridad universitaria que delimita el rango de los problemas que ella misma debe formalmente enfrentar.

Una escuela es un dispositivo de modulación de la expresión y funciona para hacer cumplir unos protocolos de conducta. De hecho, Carlos Peña pone de relieve la cuestión de la permisividad y de la negociación compleja en el arte contemporáneo. Es decir, que este arte se asienta sobre una práctica de la permisividad y la negociación. Es arte aquello que definimos mediante un acuerdo político básico que responde al modo cómo las sociedades organizan sus relaciones entre sociedad política y sociedad civil.

El arte es un campo de operaciones simbólicas que le permite a la sociedad civil demostrar y denostar la impostura básica sobre la que se erige la propia representación que la sociedad política tiene de sí misma. Lo que ocurrió con el decano Donoso es un síntoma que define el tipo de relación que su propia universidad mantiene con la enseñanza de arte. No tiene que ver con arte contemporáneo. Menos, con el teatro contemporáneo. Este no pasa a ser más que un incidente que solo hace mención a unos protocolos implícitos que la directora debió haber cumplido en su cometido. Lo cual denota que la capacidad del decano Donoso para neutralizar a sus subordinados antes de que el conflicto estalle en la cara de rectoría ha sido nula. Por lo cual, esto no es una discusión de arte ni sobre el arte, sino sobre el estado y circulación de los protocolos de enseñanza. O sea, es un asunto administrativo en el sentido más lato. Porque no hay que olvidar que se trata tan solo de un examen de grado. Y lo que la directora franqueó fue la frontera de lo que el decanato le permitía en su modelo de gestión de la transmisión.

Cada decano se hace responsable de la transmisión que se merece. Este no es un caso de censura, sino de insuficiencia de administración académica. La directora no fue leal con su contrato simbólico al ser directora de una escuela en el contexto de una universidad como la que estamos hablando. El decano no cumplió con su trabajo porque no se hizo respetar como autoridad haciendo efectivos los retenes para los cuáles su propia institución ha fijado sus procedimientos. Es decir, cuando un asunto como éste llega a ser objeto de un consejo académico, ya es demasiado tarde. En un régimen de “monarquía constitucional” como la institución en cuestión, un consejo solo está para legitimar y regular el montaje de las decisiones de la autoridad. Por esa razón, la mayor falta le corresponde a dicha autoridad, por haber permitido inicialmente que un protocolo de titulación fuese conducido por un profesor contratado a plazo fijo y excesivamente inexperto en el manejo institucional. La bomba de tiempo fue activada en el momento de la contratación.

Lo anterior pone en cuestión el estatuto de los profesores de “plazos fijo” en los sistemas de funcionamiento y de control académico. Una buena escuela, al parecer, se define por la correcta y equilibrada combinación de contratas a “plazo fijo” y a “plazo indefinido”. Incluso, hay “plazos fijo” por semestre y “plazos fijos” por tres años. Pero este último debe ser entendido como “plazo fijo” con “potencial de traslado”. Esto es clave en la economía de una escuela, porque en el paso de un “plazo fijo” a “plazo indefinido” reside la construcción de las lealtades políticas futuras.

Un “plazo fijo” (corto) es un profesor nómade, amenazado por la lógica monumental del asentamiento. Su condición como indefinido depende de cuán dispuesto esté a respetar el protocolo implícito de incorporación. De otro modo, será tratado siempre como un “allegado”.

Los “plazos fijos” forman parte de esa franja que es manipulada por los poderes sedentarios, destinados a cumplir aquello que los “plazos indefinidos” no pueden realizar. Dicho y hecho: qué mejor que un “plazo fijo” que asuma la tarea de transgredir el protocolo, para poner en movimiento la máquina de reducción del decanato. Pero ya era tarde. Si se acepta, como decanato, que en una escuela un “plazo fijo” conduzca un taller de egreso, entonces, el “plazo fijo” es el gato con que una dirección pretende sacar las castañas, en las barbas de un decano que no lee que dicha dirección realiza el rito de transgresión anunciado en la propuesta misma del curso, al inicio del semestre. Así, una vez realizada la transgresión, la dirección y el “plazo fijo” recogen el efecto mediático de su construida victimalidad, en proporción inversa a la posición del decano Donoso, que aparece en los medios, como un censor. Lo grave es que su propio discurso defensivo lo hunde, porque devela su ineptitud para poner en funcionamiento los protocolos internos de reducción de los conflictos.